El Gobierno avanza para eliminar el Plan Gas y licitar una obra clave del sistema eléctrico

, 24 de Mayo de 2026

Durante una exposición sobre energía y minería en un evento de Moody’s, Daniel González, secretario de Coordinación del área en el Ministerio de Economía, sostuvo que la Argentina atraviesa un cambio estructural impulsado por las exportaciones de hidrocarburos y minería. En ese marco, remarcó que las inversiones del sector seguirán financiándose mayormente con capital privado y defendió el retiro progresivo del Estado de la obra pública energética.

Según el funcionario, el ingreso de capitales para financiar nuevas inversiones ya está en marcha y responde a una transformación estructural del sector. En esa línea, el Gobierno busca avanzar hacia un esquema donde los privados tengan mayor protagonismo en infraestructura energética, contratos de largo plazo y generación de energía.

Uno de los puntos centrales fue el futuro del Plan Gas, creado en 2020 para incentivar la producción local y asegurar contratos de abastecimiento. El esquema había surgido en un momento en el que la producción nacional caía y el país debía importar mayores volúmenes de gas a precios más altos.

El programa garantizaba a las productoras volúmenes de compra, contratos de largo plazo y precios mínimos subsidiados. Desde el Gobierno reconocen que el esquema fue útil en su momento, pero consideran que el desarrollo actual de Vaca Muerta permite pensar en una transición hacia otro modelo.

González planteó que la idea oficial es que el Plan Gas se termine, aunque aclaró que la salida será progresiva y respetará los contratos vigentes. El Gobierno espera que productores y generadores comiencen a desvincularse voluntariamente del programa a medida que avancen nuevos contratos de largo plazo entre privados.

Uno de los argumentos oficiales es que buena parte del gas disponible se encuentra comprometido bajo contratos del Plan Gas, lo que limita el funcionamiento pleno del mercado spot eléctrico. Según explicaron desde el Gobierno, existe gas disponible, pero su contratación bajo el programa restringe la posibilidad de que los generadores accedan libremente al recurso.

En paralelo, el Gobierno también avanza en la desregulación del mercado eléctrico mayorista, históricamente administrado por CAMMESA y con fuerte presencia estatal mediante subsidios a la generación. La nueva orientación apunta a expandir el mercado spot eléctrico y permitir que grandes usuarios, generadores y comercializadores acuerden contratos directamente entre privados.

Desde el oficialismo reconocieron que la desregulación eléctrica fue más compleja de lo previsto, aunque defendieron los avances alcanzados durante el último año. González destacó que se puso en marcha un mercado spot que antes no existía y que, según el Gobierno, funcionó correctamente tanto durante el verano como durante el invierno.

El funcionario también señaló que la generación renovable seguirá creciendo por razones de eficiencia y costos. En ese sentido, sostuvo que las energías renovables tuvieron una expansión significativa y continuarán ganando espacio dentro de la matriz por su competitividad.

Otro eje de la presentación fue la infraestructura energética y el financiamiento privado. El Gobierno busca que las nuevas ampliaciones de transporte y generación sean impulsadas por compañías privadas, reemplazando el esquema tradicional en el que el Estado financiaba y ejecutaba buena parte de las obras.

Ese criterio se aplicaría en proyectos de gasoductos, transporte eléctrico y obras estratégicas para el sistema energético. Como ejemplo, González mencionó la ampliación de TGS vinculada al Gasoducto Perito Moreno y comparó costos con proyectos privados destinados al desarrollo de GNL.

En materia eléctrica, el Gobierno adelantó que lanzará en las próximas semanas la licitación de AMBA I, una obra considerada clave para ampliar el sistema de transporte eléctrico en el área de mayor demanda del país. El proyecto será la primera gran expansión del sistema bajo un esquema financiado por privados.

AMBA I busca reforzar líneas de extra alta tensión de 500 kV, entre ellas Río Diamante–Charlone–O’Higgins y Puerto Madryn–Choele Choel–Bahía Blanca. La obra apunta a fortalecer el sistema interconectado y mejorar el abastecimiento eléctrico en el AMBA, donde se concentra cerca del 40% de la demanda eléctrica nacional.

El proyecto había comenzado a evaluarse durante la gestión anterior, con una inversión estimada en más de US$ 1.100 millones y financiamiento externo. Con el cambio de administración, el Gobierno plantea que la obra, que contempla más de 500 kilómetros de líneas de alta tensión, sea financiada en su totalidad por el sector privado mediante un contrato de largo plazo.

Para el desarrollo de la licitación, se espera que organismos internacionales, entre ellos el BID, puedan actuar como garantes. El Gobierno sostiene que este esquema permitirá avanzar en obras de infraestructura crítica sin recurrir al financiamiento directo del Estado.

De esta manera, la hoja de ruta oficial combina la salida gradual del Plan Gas, la expansión de contratos privados, la desregulación del mercado eléctrico y el lanzamiento de nuevas obras bajo financiamiento privado. El objetivo es avanzar hacia un sistema energético con mayor participación del mercado y menor intervención estatal directa.