Subdistribución (SBDS): la deuda que acucia y el nuevo cargo fijo
Viernes, 6 de Septiembre de 2024
Los nuevos y mayores ingresos por el mayor valor por cargo fijo, da otra perspectiva al sector.
La vuelta a una normalidad en materia de ingresos por prestación de servicios, hizo que la subdistribucion de gas por red (SBDS), como sector, mire el futuro con otros ojos.
Esto viene a cuenta sobre los mejores ingresos a partir de los nuevos valores del “cargo fijo” en las boletas del servicio, los cuales crecieron a partir de un mejor reconocimiento del Valor Agregado de la Distribución (VAD).
En este contexto no está demás decir y exponer que mientras unos se aprestan a mejorar sus servicios y fortalecer sus inversiones, otras empiezan a observar si pueden afrontar las abultadas deudas que tienen, principalmente, con las Distribuidoras.
Cabe recordar, como informamos en abril pasado, la SBDs arrastra una deuda por unos $4.000 millones de pesos, por la adquisición de gas. Deuda que se incrementó en los tres últimos años.
Revista Expansión consultó a distintos actores de la SBDs si con este nivel de tarifario podían enfrentar estas deudas, y desde el sector coincidieron en que “los nuevos valores del cargo fijo nos dan respiro después de estar bajo el agua durante mucho tiempo. Que si pueden afrontar los pago, habría que ver los casos particulares, pero lo fundamental para abonarla con recursos es el plazo y el interés”.
Cuál sería el tiempo lógico para encontrar una solución, desde la SBDS tienen diferentes miradas. Mientras algunos piden 24 cuotas, otros se inclinan por reducir ese tiempo a 15 y los 18 meses. Lo que está claro es que el sector desea abonar y volver a una normalidad que parece haber encontrado.
La SBDs adeuda alrededor de 4.000 millones, aproximadamente. Quien absorbe la mayor cantidad de esta deuda es la distribuidora Camuzzi Gas (del Sur y Pampeana). Ese monto hay que dividirlo entre lo que es compra de gas y los intereses generados por la mora.
En este punto, los intereses por mora, tanto desde la Fasubgas como desde el ISGA, ambas instituciones representativas del sector, señalaron que en el porcentaje radica la problemática, aduciendo que los mismos son demasiado altos. Por eso, como siempre, solicitaron que los intereses debe ser igual a los de una tasa que se le aplica al usuario, y que el tratamiento de la deuda debe ser similar al que tienen las Distribuidoras frente a la productoras de gas. Las cuales, si tienen deuda y no abonan el tiempo de forma, el producto aparece y los intereses no son caros. Y asimilar prerrogativas sería algo justo, fundamentan, porque con sus más y con sus menos, la SBDs y la Distribución realizan el mismo trabajo.
Como vinimos comentando, en ediciones pasadas, los casos más resonantes de las deudas de las SBDs y que tomaron estado público, fueron el caso de Gas Junín (la SBDS del municipio de Junín, provincia de Buenos Aires) y la otra Distrigas, la empresa de la provincia de Santa Cruz. En el caso de la primera, la deuda reclamada alcanza a los $1.600 millones de pesos, por factura sin pagas desde el 2022. Por otro lado, la subdistribuidora santacruceña informó que la deuda con Camuzzi Gas ascendía a 1.100 millones de pesos, mientras que Enarsa (la energética pública) la reclama una deuda por 14 millones de dólares.
Otras subdistribuidoras bonaerenses que están en la encrucijada por abultadas deudas por compra de gas, son Proagas, de pinamar, CEyS de 9 de julio, Cooperativa Jeppener y Cooperativa de Tres Límites. Todas con más o con menos deuda, le deben a la empresa cuyo presidente es Alejandro Mac Farlane, quien viene cobrando intereses desmedidos a la óptica de la subdistribución.
Así como en su momento trataron de mitigar esta situación acuciante peregrinando por la Secretaría de Energía o en el Enargas, ahora la SBDs hace cuentas a partir de los nuevos cuadros tarifarios y se estarían atreviendo a encontrarle una solución.
Habrá que ver si ambas partes, mesa de diálogo mediante, se juntan y encuentran respuesta para un sector que siempre apostó por el servicio en lugares donde ni el sector público o privado hicieron la inversión correspondiente para construir calidad de vida.
