Enargas denunció a Aranguren y a los ex directivos del organismo

En los próximos días el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal,  denunciará penalmente al ex ministro de Energía Juan José Aranguren y al ex presidente del ente que dirige, Mauricio Roitman, por abuso de autoridad y responsabilidad penal en la contratación pública.

La decisión se conoció a partir de una nota que dirigió Bernal al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, donde justificó la denuncia penal debido a que «los comportamientos verificados comportan una preliminar significación penal de, al menos, los delitos previstos en los artículos 248 y 265 del Código Penal».

Además de Aranguren y Roitman, la denuncia también alcanza a los ex funcionarios: a Marcos Pourteau, ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía y Minería; mientras que a los que cumplieron funciones en el Enragas, son Daniel Alberto Perrone (ex Vicepresidente del directorio); a los ex directores Diego Guichon, Carlos Casares y Griselda Lambertini, y a la ex ex gerenta de Legales de Enargas, Marcela Valdez.

«Todos ellos ex funcionarios públicos que otrora condujeran el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y el entonces Ministerio de Energía de la Nación; denuncia que se dirige también contra todas aquellas personas que eventualmente se identifiquen como penalmente responsables de los hechos que se pesquisarán por la justicia», precisó la nota enviada al titular de la cartera de Desarrollo Productivo.

El artículo 248 del Código Penal estipula que será sancionado con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.

En tanto, el artículo 265 dispone que será reprimido con reclusión o de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, al funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que intervenga por razón de su cargo.